“La Uniformada tiene sobradas herramientas y mecanismos para mantener el orden civil sin que haya amenaza de fuerza letal”.

La Policía de Puerto Rico no debe tener armas de fuego durante la manifestación de hoy y las que puedan surgir en los próximos días. Además, es imperativo que el Negociado de la Policía cumpla cabalmente con las políticas vigentes en la agencia para manejar manifestaciones, mitigar tensiones y evitar el uso de la fuerza. También tiene que cumplir estrictamente con las exigencias constitucionales para asegurar la vida, integridad física y libertad de expresión de todos los manifestantes, expresaron diversas organizaciones comunitarias organizadas bajo el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO).

“Las acciones de la Policía de Puerto Rico, así como las expresiones de su comisionado Henry Escalera en los últimos días han sido violentas, invitan a una guerra civil, son deshonestas y violatorias de derechos fundamentales”, expresó GRUCORPO. “Al no confiar en la sensatez del alto mando de la Policía, nuestro Grupo entiende que la Policía debe desarmarse para estas protestas. La Uniformada tiene sobradas herramientas y mecanismos para mantener el orden civil sin que haya amenaza de fuerza letal”.

Tras una discusión ponderada, GRUCORPO también exigió la renuncia del Gobernador, la renuncia del Comisionado Escalera y los responsabilizó a ambos de cualquier daño físico o incluso muerte durante las manifestaciones del día de hoy. “Es responsabilidad de la Policía proteger la integridad física y la vida de todas las personas allí presentes, por encima de la defensa de la propiedad”, dijeron.

“El hecho de que este gobierno no tenga voluntad alguna para cumplir con la reforma de la Policía no significa que puedan incumplir con ella. El Acuerdo para una Reforma Sustentable de la Policía es una obligación del gobierno de Puerto Rico, gústele o no”, expresó el Grupo.

A continuación algunas de nuestras serias preocupaciones en torno al incumplimiento de la Policía y su Reforma en los pasados días:

• La Policía de Puerto Rico, que responde a las órdenes del Gobernador, se ha apartado y ha incumplido drásticamente con su deber ante el Acuerdo de Reforma firmado desde julio de 2013. Sus violaciones e incumplimientos no han tenido consecuencias. El Departamento de Justicia federal no ha sometido desacatos o sanciones económicas por esos incumplimientos. El Juez Gelpí tampoco atiende los constantes incumplimientos de la Policía. El pueblo está solo. Nos corresponde a nosotros, como ciudadanía, exigir y supervisar el desarrollo de la Policía.
• Observadores dan fe de que quien inició de las agresiones del lunes pasado frente a Fortaleza fue la Policía. El alto mando de la Policía y el Gobierno mienten cuando dicen que fueron atacados primero con adoquines y gases lacrimógenos. Hay videos que muestran que hubo intervenciones con agentes químicos hacia manifestantes que se encontraban sentados en el piso cantando o con los brazos levantados.
• Ese alto mando y oficiales de Fortaleza alegan que el monitor federal interino John Romero estaba con ellos detrás de la línea de policías y que consintió a la versión de que los manifestantes atacaron primero.
• ¿La Policía está hablando por el monitor Romero para escudarse? Si es cierto que el Monitor respaldó esa mentira, debe confirmarlo públicamente. Si no es cierto, también debe decirlo. Lo que sea que diga, debe ponerlo bajo juramento.
• Se están violando los derechos constitucionales de las personas que se manifiestan, así como de aquellas arrestadas.
• La Policía está obligada a dar acceso inmediato a los abogados de los manifestantes cuando estos son arrestados. Los arrestos no pueden ser caprichosos. Solo pueden ser arrestadas personas contra las que existan motivos fundados para entender que cometieron delitos. La mejor práctica en una actividad de expresión pública es citar a las personas que alegadamente cometan delitos. Esto evita que se afecte la protesta o se desincentive el ejercicio de expresión entre las demás personas y manifestantes pacíficos.
• Según observadores, la Policía está carpeteando a los manifestantes y señalándolos desde antes de intervenir por la comisión de alegados delitos.
• Agredieron a varios jóvenes. A uno de ellos, Mambrú de León, por el mero hecho de grabar, lo agredieron en la cabeza, lo que se considera fuerza letal porque puede provocar la muerte, por eso tiene que estar prohibida en una manifestación.
• A otra joven que trataba de mitigar la tensión entre manifestantes y policías le dispararon balas de goma por la espalda y por el frente.
• Además de que el uso de agentes químicos contra los manifestantes ha sido injustificado, las advertencias antes de lanzarlos han sido insuficientes, no se escuchan. La Policía tampoco grabó las advertencias y la respuesta de sus agentes como está obligada a hacerlo.
• No habían vías de dispersión y el uso de agentes químicos representó un peligro de estampidas.
• Hay muchos policías sin identificaciones, lo que es ilegal.
• Los bomberos llegaron hasta el lugar del fuego y lo dejaron crecer hasta salirse de control sin su intervención.
• Las querellas administrativas las están archivando sin investigar, encubriendo en ocasiones comisiones de delitos para encubrir a oficiales.
• Nos preocupa la conspiración contra el monitor Arnaldo Claudio reflejada en el chat del gobernador Rosselló y su gabinete. Nos preocupa qué participación si alguna ha tenido el DOJ en la salida del Monitor Arnaldo Claudio.
• Nos preocupa e indigna también la información encontrada en el chat que sugiere se utiliza a la Policía de Puerto Rico para perseguir a la disidencia, como es el caso de las expresiones contra el representante Manuel Natal. También nos preocupa la utilización ilegal de la Policía para intimidar y limitar las expresiones de denuncia del señor Raúl Maldonado, hijo.

• La misma Policía que se utiliza ilegalmente para darle seguridad a Julia Keleher, quien no es funcionaria pública y está acusada de corrupción, es representada por McConnell Valdés en el caso de la Reforma. Abogados de ese bufete también representan a la ex funcionaria. Esto implica un conflicto de interés imperdonable.
• Todas las acciones indebidas de oficiales de la Policía deben ser denunciadas por el pueblo con querellas administrativas en la propia agencia.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de personas y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas debemos aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria en lugar de abusiva, represiva e ineficiente.

Algunas de las organizaciones miembras son: ACLU-PR, Amnistía Internacional Puerto Rico, ALAPAS, CABE, Colegio de Abogados y Abogadas de PR, Kilómetro Cero, entre otras.