1 mayo, 2018: El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) responsabilizó hoy al Gobernador y Comandante el jefe de la Policía de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, de las agresiones, intimidaciones, violaciones crasas de derechos y arrestos indiscriminados de la Uniformada hacia la ciudadanía y de haber despojado a miles de personas de sus derechos más fundamentales.

Hoy 1 de mayo de 2018, la Policía de Puerto Rico cometió diversas violaciones constatadas de derechos:

• Exceso de presencia policiaca. Más de 1,000 efectivos de la Policía rodeaban la manifestación en Hato Rey. El exceso de presencia policiaca se considera un uso de fuerza y se utiliza para desincentivar que las personas ejerzan su derecho fundamental a la protesta. Esta práctica policiaca es inconstitucional.
• Bloqueó las rutas de los manifestantes, pretendiendo cambiarlas según su criterio. No le corresponde a la Policía decidir qué rutas toman los manifestantes. Es la Policía la que tiene que adaptarse a las rutas de los que protestan y no al revés.
• Abusó del uso de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, al punto de haber agredido a niños y personas mayores, lo que está expresamente prohibido en la orden general 600-604 de uso de agentes químicos en la PPR.
• Agredió con balas de goma a personas que no cometían delito alguno.
• Invadió residencias privadas sin órdenes de arresto durante persecuciones frívolas y excesivas contra manifestantes contra quienes no tenían motivos fundados para intervenir.
• También lanzaron gases y agentes químicos en áreas residenciales, donde se afectaron ancianos y niños.
• Arrestaron al menos a 12 personas y no revelaron el lugar donde los llevaron.

Foto de Carlos Rivera Giusti

“Puerto Rico hoy evidenció que vivimos en un estado policiaco. No tenemos duda de que estas agresiones y violaciones crasas de derechos de parte de la Policía son acciones delictivas de desincentivación de la protesta e intimidación contra las personas que se levantan contra las injusticias en este país”, dijo Mari Mari Narváez, representante de Espacios Abiertos en GRUCORPO. “Que la Policía viole la Constitución y sus propias políticas y órdenes generales es una práctica extremadamente peligrosa. Más aún cuando se ejecuta en el contexto de una manifestación, ejercicios de expresión protegidos por nuestra Constitución y la de Estados Unidos y, precisamente, en un momento en que a la ciudadanía se le despoja de derechos y servicios esenciales. No aceptamos la imposición de un estado policiaco. El señor Ricardo Rosselló, como comandante en jefe de la Policía y gobernador del País, es el responsable máximo de las intervenciones de la Uniformada contra la ciudadanía. También es responsable de la enajenación legal de Héctor Pesquera y su desdeñoso desafío al Acuerdo para la Reforma de la Policía, un compromiso al que está atado el gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal. Ambos han probado que no están aptos ni tienen la voluntad para supervisar a la Policía de Puerto Rico cumpliendo con el derecho constitucional”.

“Exigimos un proceso severo y exhaustivo de rendición de cuentas tanto al gobierno de Puerto Rico como al Juez federal Gustavo Gelpí, el monitor federal de la Policía, Arnaldo Claudio, y al Departamento de Justicia federal”, añadió Josué González Ortiz, representante de ACLU-PR en el Grupo. “Las agresiones y violaciones de derechos en que ha incurrido hoy la Policía han sido extremas, han sido lamentables y exigen la intervención urgente de la justicia en el País. Así lo seguiremos denunciando aquí e internacionalmente”.

Recordamos que el informe de la Oficina del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Sr. Arnaldo Claudio, sobre las protestas del año 2017, concluye:

1. Que, al 1 de mayo de 2017, la Policía NO había adiestrado a un solo agente en la Orden General 600-625 de la Policía de Puerto Rico para el Manejo de Multitudes, que está en efecto desde abril de 2016.
2. Que la Policía de Puerto Rico abusó de los gases lacrimógenos y otros agentes químicos, violentando sus propias políticas de uso de agentes químicos al no ofrecer advertencias a los protestantes antes de agredirlos con los gases. Tampoco ofreció una salida a los protestantes afectados ni les proveyó servicios médicos como exige la orden general.
3. Que, contrario a lo que dictan las políticas de la Policía de Puerto Rico, los agentes que tomaron videos durante el 1 de mayo no grabaron las acciones de la Policía hacia los manifestantes como lo exige la orden general. Se dedicaron a grabar arbitrariamente a manifestantes que supuestamente lucían como que “podían” cometer delitos. Esto significa que carpetearon ilegalmente a personas que no cometían delito alguno sino que, por el contrario, ejercían un derecho fundamental protegido por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.
4. Que los informes de uso de fuerza que presentó la Policía de Puerto Rico tras los sucesos del 1 de mayo contenían grandes faltas y errores, lo que levanta cuestionamientos serios sobre la documentación del uso de fuerza que se le exige a la Policía de Puerto Rico bajo el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico.  

Además de las revelaciones del informe del TCA, en las protestas del año pasado y en otras tan recientes como en marzo, la Policía de Puerto Rico cometió varias violaciones que las organizaciones han presenciado y observado:

• Movilización de exceso de fuerza policiaca: Desde SWAT, Operaciones Tácticas, helicóptero de FURA, cientos de agentes, todo para reprimir una manifestación protegida por la Constitución de Puerto Rico, la de Estados Unidos y por normas internacionales sobre la libre expresión.
• Represión de las protestas con agresiones físicas a manifestantes y con el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y macanas. En ningún momento se han hecho las debidas advertencias antes de utilizar los agentes químicos o dispersar a las multitudes, como lo requieren sus políticas de uso de fuerza. Tampoco se han establecido salidas ni se ha provisto atención médica. La Policía incluso llegó a acorralar a manifestantes en una estación del Tren Urbano, roceandoles con gas pimienta e impidiendoles la salida.

• La Policía ha utilizado los agentes químicos y otros mecanismos de fuerza sin importar la presencia de niños, niñas, envejecientes e incluso mujeres embarazadas. Actualmente, Iris Guardiola Calderón, una mujer de 81 años, ha demandado a la Policía de Puerto Rico por haberla agredido con gas lacrimógeno el pasado 1 de mayo, causándole daños en la visión, ataques de pánico, deterioro de su salud mental y Síndrome de Estrés Post Traumático.

• La Uniformada insiste en utilizar agentes infiltrados vestidos de civil durante las manifestaciones, lo que ha quedado evidenciado en videos. También utiliza encapuchados que provocan a otros manifestantes. El año pasado, Noticentro 4 transmitió los videos sin editar de un grupo de encapuchados que rompían los cristales del Banco Popular y, sin embargo, con todo el exceso de presencia policiaca que hubo durante la manifestación, ningún policía intervenía con ellos. Nuestra historia está llena de instancias en que la propia Policía cometió delitos y tendió trampas a los jóvenes para desmerecer públicamente las luchas por la justicia social. No nos pueden seguir engañando con esas tácticas antiguas que ya conocemos muy de cerca.

• La práctica de llevar infiltrados y encubiertos a las manifestaciones es una extremadamente peligrosa, más aún cuando se ejecuta en el contexto de manifestaciones y ejercicios de expresión protegidos por nuestra Constitución y la de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, las manifestaciones no son lugares para llevar a cabo esta práctica abusiva que desincentiva el ejercicio democrático de nuestro derecho a la disidencia, a la protesta y la participación política. No puede aceptarse la presencia de agentes encubiertos en actividades de libre expresión de la ciudadanía, menos aún habiendo personal uniformado desplegado en el área.

• El señor Iván Bahr es un conocido violador de derechos civiles con amplio historial represivo contra los y las estudiantes. Es inverosímil que este señor, cuyas acciones ilegales durante las protestas estudiantiles del 2010 fueron detonantes de la actual Reforma de la Policía, todavía esté a cargo de operativos anti constitucionales, arrestos ilegales y entrampamientos en las manifestaciones. Exigimos que se releve al Sr. Bahr y a todos los oficiales con historial de violaciones de derechos civiles de las tareas de vigilar manifestaciones o intervenir con personas que protestan.

• La Policía de Puerto Rico tampoco identifica correctamente y a tiempo la cadena de mando en sus operativos, lo que dificulta el trabajo de observadores y mediadores. Exigimos claridad sobre la cadena de mando y que se respete la autoridad de los delegados a observar y negociar durante la protesta.

• Cuando arrestan a estudiantes o activistas, les niegan el acceso a sus abogados y familiares, lo que también es una violación a sus derechos y garantías constitucionales y pone en entredicho la actitud, voluntad y compromiso de la Policía con una transformación hacia una uniformada profesional, comunitaria y respetuosa de la Constitución.

• Al insistir en la violación de derechos fundamentales, la Policía de Puerto Rico traiciona la reforma de la Policía.

GRUCORPO participó de la manifestación hoy, precisamente orientando sobre los elementos más importantes de las políticas de manejo de multitudes y uso de fuerza con que la Policía de Puerto Rico está obligada a cumplir.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas deben aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria.