26 de abril, 2018: El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) exigió hoy al Gobernador y Comandante el jefe de la Policía de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que -contrario a lo que ocurrió el año pasado- el Estado garantice el derecho de libertad de expresión de la ciudadanía que se manifestará contra las medidas de austeridad este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El grupo también anunció que dos de las organizaciones que lo componen, el Colegio de Abogados de Puerto Rico (CAPR) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) contarán con observadores y negociadores durante la protesta. El CAPR tendrá observadores y negociadores mientras que ACLU también llevará observadores a la manifestación. Todos documentarán las violaciones de derechos en que incurra la Policía.

“El año pasado, para esta misma fecha, la Policía de Puerto Rico ejecutó un plan enfocado en el uso de fuerza excesiva e irrazonable dentro de una actividad de expresión popular masiva con la intención de provocar inseguridad y temor y así disuadir a la ciudadanía de participar de este tipo de actividades”, dijo la Lcda. Taína Moscoso Arabía, coordinadora del equipo de negociadores del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. “Eso violenta uno de los derechos más fundamentales de miles de personas, que es la libertad de expresión, el derecho a disentir”.

Por aquellos hechos, se presentó en el día de ayer una demanda contra la Policía de Puerto Rico. La demandante, Iris Guardiola Calderón, es una mujer de 81 años, a quien se le impidió salir del lugar luego de concluida la actividad principal, se vio obligada a permanecer en un área en el que luego fue agredida directamente con gas lacrimógeno. A raíz de estos hachos, se afectó severamente su visión y sufre de ataques de pánico y Síndrome de Estrés Post Traumático.

“Los eventos del 1 de mayo pasados no fueron una excepción. Eventos como estos se han convertido en un patrón y es ilegal, porque afecta el derecho fundamental de la ciudadanía a expresarse”, dijo Mari Mari Narváez, miembro del Grupo. “Contamos con evidencia recopilada el año pasado durante diversas protestas que se llevaron a cabo entre abril y mayo que lo demuestran. Incluso, las revelaciones de un informe de la Oficina del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Sr. Arnaldo Claudio, sobre los eventos de abril y mayo de 2017 apoyan esta denuncia”. (Se aneja resumen de algunas conclusiones del informe del TCA).

Al avecinarse un nuevo 1 de mayo, “la ciudadanía tiene derecho a expresar su indignación ante las políticas públicas del Gobierno. La función de la Policía es garantizar los derechos de los manifestantes, no producir eventos que generen violencia e intimidación, como medida de control”, añadió Moscoso Arabía. “Este año, volverán a asistir miles de personas a esta gran manifestación de pueblo. Entre ellos, habrá ancianos, incapacitados y niños ejerciendo el derecho que les corresponde constitucionalmente. Es responsabilidad del Gobernador, como Comandante en Jefe de la Policía de Puerto Rico, velar por la seguridad de estas personas, ordenando una intervención, de ser necesaria, prudente y razonable, según establece la Reforma de la Policía”.

Por su parte, Josué González Ortiz, también portavoz de GRUCORPO, añadió que “no se puede permitir que el Gobierno criminalice la manifestación. No aceptamos que incidentes como estos continúen ocurriendo sin rendición de cuentas alguna. Es importante que el Gobernador esté consciente de que cualquier hecho lamentable que ocurra por la intervención indebida de la Policía con personas que ejercen sus legítimos derechos a la protesta, es y será su responsabilidad personal y ministerial y así lo denunciaremos aquí e internacionalmente. Estas organizaciones seguirán monitoreando las prácticas de la Policía para asegurar que los oficiales cumplan con la Constitución en el ejercicio de sus deberes ministeriales”.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas deben aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria.

ANEJO 1:

El informe de la Oficina del Asesor Técnico de Cumplimiento de la Reforma de la Policía, Sr. Arnaldo Claudio, concluye, entre otros asuntos:

1. Que, al 1 de mayo de 2017, la Policía NO había adiestrado a un solo agente en la Orden General 600-625 de la Policía de Puerto Rico para el Manejo de Multitudes, que está en efecto desde abril de 2016.
2. Que la Policía de Puerto Rico abusó de los gases lacrimógenos y otros agentes químicos, violentando sus propias políticas de uso de agentes químicos al no ofrecer advertencias a los protestantes antes de agredirlos con los gases. Tampoco ofreció una salida a los protestantes afectados ni les proveyó servicios médicos como indica la orden general.
3. Que, contrario a lo que dictan las políticas de la Policía de Puerto Rico, los agentes que tomaron videos durante el 1 de mayo no grabaron las acciones de la Policía hacia los manifestantes como lo exige la orden general. Se dedicaron a grabar arbitrariamente a manifestantes que supuestamente lucían como que “podían” cometer delitos. Esto significa que carpetearon ilegalmente a personas que no cometían delito alguno sino que, por el contrario, ejercían un derecho fundamental protegido por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.
4. Que los informes de uso de fuerza que presentó la Policía de Puerto Rico tras los sucesos del 1 de mayo contenían grandes faltas y errores, lo que levanta cuestionamientos serios sobre la documentación del uso de fuerza que se le exige a la Policía de Puerto Rico bajo el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico.

ANEJO 2:

Varias de las actuaciones ilegales cometidas por la Policía de Puerto Rico, que las organizaciones han presenciado y observado en las protestas del año pasado y en otras tan reciente como en marzo, adicionales a las reveladas por el informe del TCA:

• Movilización de exceso de fuerza policiaca: Desde SWAT, Operaciones Tácticas, helicóptero de FURA, cientos de agentes, todo para reprimir una manifestación protegida por la Constitución de Puerto Rico, la de Estados Unidos y por normas internacionales sobre la libre expresión.

• Represión de las protestas con agresiones físicas a manifestantes y con el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y macanas. En ningún momento se han hecho las debidas advertencias antes de utilizar los agentes químicos o dispersar a las multitudes, como lo requieren sus políticas de uso de fuerza. Tampoco se han establecido salidas ni se ha provisto atención médica.

• La Policía ha utilizado los agentes químicos y otros mecanismos de fuerza sin importar la presencia de niños, niñas, envejecientes e incluso mujeres embarazadas.

• La Uniformada insiste en utilizar agentes infiltrados vestidos de civil durante las manifestaciones, lo que ha quedado evidenciado en videos. También utiliza encapuchados que provocan a otros manifestantes. El año pasado, Noticentro 4 transmitió los videos sin editar de un grupo de encapuchados que rompían los cristales del Banco Popular y, sin embargo, con todo el exceso de presencia policiaca que hubo durante la manifestación, ningún policía intervenía con ellos. Nuestra historia está llena de instancias en que la propia Policía cometió delitos y tendió trampas a los jóvenes para desmerecer públicamente las luchas por la justicia social. No nos pueden seguir engañando con esas tácticas antiguas que ya conocemos muy de cerca.

• La práctica de llevar infiltrados y encubiertos a las manifestaciones es una extremadamente peligrosa, más aún cuando se ejecuta en el contexto de manifestaciones y ejercicios de expresión protegidos por nuestra Constitución y la de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, las manifestaciones no son lugares para llevar a cabo esta práctica abusiva que desincentiva el ejercicio democrático de nuestro derecho a la disidencia, a la protesta y la participación política. No puede aceptarse la presencia de agentes encubiertos en actividades de libre expresión de la ciudadanía, menos aún habiendo personal uniformado desplegado en el área.

• El señor Iván Bahr es un conocido violador de derechos civiles con amplio historial represivo contra los y las estudiantes. Es inverosímil que este señor, cuyas acciones ilegales durante las protestas estudiantiles del 2010 fueron detonantes de la actual Reforma de la Policía, todavía esté a cargo de operativos anti constitucionales, arrestos ilegales y entrampamientos en las manifestaciones. Exigimos que se releve al Sr. Bahr y a todos los oficiales con historial de violaciones de derechos civiles de las tareas de vigilar manifestaciones o intervenir con personas que protestan.

• La Policía de Puerto Rico tampoco identifica correctamente y a tiempo la cadena de mando en sus operativos, lo que dificulta el trabajo de observadores y mediadores. Exigimos claridad sobre la cadena de mando y que se respete la autoridad de los delegados a observar y negociar durante la protesta.

• Cuando arrestan a los estudiantes, les niegan el acceso a sus abogados y familiares, lo que también es una violación a sus derechos y garantías constitucionales y pone en entredicho la actitud, voluntad y compromiso de la Policía con una transformación hacia una uniformada profesional, comunitaria y respetuosa de la Constitución.

• Al insistir en la violación de derechos fundamentales, la Policía de Puerto Rico traiciona la reforma de la Policía.