“Los actos de abuso y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados”

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Denuncian acciones de la Policía siguen muy vinculadas a un problema estructural y a la ausencia de mecanismos confiables de rendición de cuentas.

Declaración GRUCORPO ante eventos del 20 de febrero:

Siempre nos ha preocupado extraordinariamente que, a pesar del proceso de reforma en que se supone esté inmersa la Policía de Puerto Rico, continúe el despliegue excesivo y preventivo de fuerzas especializadas para suprimir el derecho a la libre expresión de manifestantes. Hoy nos preocupa mucho más porque, nuevamente, personas que protestan han sufrido daños serios a causa del nefasto ejercicio policiaco de nuestro país.

Ayer, durante una protesta en Hato Rey, la Policía movilizó a la División de Operaciones Tácticas, arrolló a un manifestante con un vehículo de grúa, cuyo conductor se fue a la huída según el testimonio de los allí presentes. La grúa de la Policía había removido una guagua que los manifestantes habían utilizado para llegar al lugar. También se realizaron arrestos cuestionables y pasaron horas antes de que la Policía informara sobre el paradero de los arrestados y permitieran la visita de abogados y abogadas. No puede pasar desapercibido que esta protesta ocurre en momentos de indignación y miseria extrema para el pueblo de Puerto Rico, cuando aún quedan miles de familias sin luz, sin ingresos, decenas de miles se han ido del País y el gobierno de Puerto Rico se apresta a privatizar la educación y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Además, este incidente coincide con la publicación del informe del Monitor de la Policía sobre lo acontecimientos del 1ro de mayo del 2017, en el cual se identifican serias deficiencias por parte de la Policía de Puerto Rico en cuanto al manejo de multitudes y el uso de fuerza.

Por años, hemos abogado porque se erradique la activación “preventiva” de las unidades tácticas para atender actividades protegidas por nuestra Constitución. La mera presencia excesiva de uniformados y/o unidades tácticas o antimotines constituye uso de fuerza y es un disuasivo al ejercicio de libre expresión, participación política y asociación, derechos fundamentales que la Policía tiene que garantizar a la ciudadanía. El rol de la Policía de Puerto Rico es proteger los derechos de todas las personas y facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. La Policía no puede desincentivar el ejercicio de nuestros derechos. Por el contrario, tiene la obligación de facilitarlo y garantizarlo”.

El incidente de ayer es otra repetición de una larguísima lista de incidentes nefastos que siguen ocurriendo y que demuestran que, a cuatro años de la Reforma, la Policía aún no está preparada para cumplir con sus propias políticas de manejo de multitudes, mucho menos para garantizar los derechos fundamentales.

Además, este nuevo incidente reitera algunos argumentos por los que durante años hemos abogado:

  • Los actos de abuso policiaco y el estilo de total impunidad con que actúa la Policía de Puerto Rico no son incidentes aislados. Siguen estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico y a una ausencia de mecanismos confiables y robustos de rendición de cuentas. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema. La Reforma requiere un cambio de paradigma para que la Policía de Puerto Rico, que es un cuerpo civil, se transforme al modelo de Policía comunitaria establecido por la Reforma.
  • La Policía no puede investigarse a sí misma. Son innumerables las ocasiones en que diversos grupos, comunidades, organizaciones e individuos nos expresan su completa falta de confianza en la radicación de querellas contra la Policía en el propio Departamento de la Policía. A ninguna víctima se le ocurre querellarse en la casa de su victimario y lo mismo les ocurre a personas que salen a manifestarse y a personas de comunidades marginadas. En ambos casos, la violencia y la negligencia policiaca están normalizadas y es común esperar que, tras una denuncia sobre la mala conducta de un policía, este o sus compañeros tomen represalias contra estas personas o comunidades. En GRUCORPO tenemos varias organizaciones aliadas que lo viven a diario. Desde manifestantes de grupos diversos que sufren constantemente la represión y criminalización de la protesta hasta personas de comunidades empobrecidas, trabajadores de alcance comunitario, miembros de las comunidades LGBTTIQ y víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales.
  • Un ente ciudadano independiente de rendición de cuentas serviría, no solo para proveer espacios neutrales de querellamiento a la ciudadanía sino para detectar y corregir fallas estructurales a partir de eventos específicos. De hecho, en las reformas posteriores a la de Puerto Rico impulsadas por el Departamento de Justicia Federal (DOJ), se adopta la implementación de mecanismos de monitoreo civil independiente cuya labor no conflige con la del asesor técnico o monitor. Desde Seattle hasta África del Sur, son cientos los ejemplos de ciudades y países que cuentan con entes independientes de supervisión del ejercicio policiaco.
  • La supervisión ciudadana no solo provee mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía y ayuda a restaurar la confianza entre las comunidades y la Uniformada. Sus investigaciones independientes también protegen a los policías profesionales que hacen su trabajo con alto sentido de responsabilidad y sensatez. Si obra correctamente, bajo la supervisión independiente, un policía tiene más posibilidades de mantener un expediente limpio sin la suspicacia colectiva que actualmente pesa sobre los casos de mala conducta policiaca.
  • Además, con un proceso disciplinario oportuno, justo y eficiente, la investigación exhaustiva de la mala conducta policial previene el desarrollo delictivo de los policías. Cuando se toman medidas disciplinarias contra la mala conducta policial desde sus primeras faltas, se evita el escalamiento del sentido de impunidad y la posibilidad de continuar cometiendo faltas mayores.
  • La supervisión ciudadana ofrece un sentido de transparencia y participación. Esto no hace sino robustecer la democracia y el envolvimiento de las comunidades con sus instituciones.  

 

Reiteramos nuestro compromiso con la gran aspiración colectiva de que la Policía de Puerto Rico se convierta en una institución que ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos. Estamos en primera fila, dispuestos y deseosos de participar hasta lograr esta ambiciosa transformación.  

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía se compone de individuos y organizaciones comunitarias que aprovechan la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas deben aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria.

 

Contacto: Josué González (917) 213-4353 (787) 753-8493

 

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