3 agosto 2017: El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) repudió hoy el uso de gases lacrimógenos y el despliegue de fuerza excesiva la Policía de Puerto Rico contra manifestantes que ejercen uno de los derechos fundamentales del ser humano, que es el de la libertad de expresión, en esta ocasión en protección del ambiente y la salud.
La Policía utilizó el gas en la mañana del jueves para dispersar una manifestación en oposición al depósito de 900 toneladas de cenizas tóxicas de carbón por la compañía AES en el vertedero de EC Waste, en Peñuelas. La prensa regional reportó que los gases afectaron severamente a varios ancianos que incluso se encontraban dentro de sus casas. Según testigos y periodistas, durante el operativo en que utilizaron los gases lacrimógenos, la Policía violó varias secciones de sus propias políticas de uso de fuerza. Por ejemplo, no hicieron advertencias verbales antes de utilizar los gases y los administraron a personas mayores de 70 años, lo cual está prohibido. No queda claro cómo fue el escalamiento en el uso de fuerza, el cual también tiene directrices rigurosas según la política de uso de fuerza.

“El rol de la Policía nunca es agredir a quienes se manifiestan por una causa legítima en un ejercicio protegido por las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos”, dijo Josué González, portavoz de GRUCORPO. “Como ya hemos dicho antes, tampoco es defender los intereses de las empresas privadas AES o EC Waste. La Policía debe responder a toda la ciudadanía, incluyendo a los peñolanos y peñolanas que defienden la salud y el ambiente, más aún cuando es evidente que nadie en el Gobierno o el

Estado defiende el interés público. La actuación de la Uniformada debe ser neutral, recurrir en primera instancia al diálogo y su rol NO es hacer interpretaciones sobre qué derechos van por encima del derecho a la protesta. Una policía de todos y todas debe servir como mediadora, no como defensora acérrima e incondicional de empresas privadas vinculadas a políticos y personas cercanas al poder”.

“Utilizar fuerza excesiva en una manifestación ciudadana es un disuasivo al ejercicio de los derechos de libre expresión, asociación y participación política y constituye una de nuestras mayores preocupaciones, no solo en esta ocasión sino cada vez que hay una protesta en nuestro país”, añadió. “El rol de la Policía de Puerto Rico es proteger los derechos de todas las personas que vivimos en este país y facilitar el ejercicio de derechos fundamentales. La Policía no puede desincentivar el ejercicio de nuestros derechos. Por el contrario, tiene la obligación de facilitarlo y garantizarlo”.

Resulta insólito que, en un momento histórico de tanta austeridad y cuando la criminalidad en Puerto Rico se mantiene en unos índices tan altos, la Policía de Puerto Rico despliegue un cantidad excesiva de agentes para salvaguardar los intereses de unas empresas privadas.

“Volvemos a exigir a la superintendenta de la Policía Michelle Hernández Fraley a que revele a cuánto ascienden los continuos operativos de represión de libertades que efectúa la Policía en Peñuelas”.

La reforma de la Policía aspira al establecimiento de la filosofía de Policía Comunitaria, que no es otra cosa que servir a las comunidades, a la gente, proteger todos sus derechos y su seguridad. Lo ocurrido anoche en Peñuelas presenta serias dudas de si la Policía tiene un verdadero compromiso de cumplir con la Reforma, sobre todo en lo que implica el modelo de Policía Comunitaria.

Finalmente, es importante recordar que ante incidentes de abuso o comportamiento inadecuado de los miembros de la Policía, las personas tienen derecho a presentar una querella ante Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional. Por disposición del acuerdo de la Reforma, la Policía de Puerto Rico tiene la obligación de atender e investigar toda querella ciudadana. Además, queremos insistir en la importancia del derecho de todas las personas de grabar y documentar la conducta policíaca a través de celulares u otros mecanismos. Estas son herramientas efectivas para que las comunidades documenten y denuncien prácticas abusivas e ilegales de los miembros de la Policía, y exigir rendición de cuentas.

Contacto:

Lcdo. Josué González Ortiz (787) 753-8493