En ocasiones anteriores hemos comparecido ante el tribunal para expresar nuestra posición, expectativas, y preocupaciones sobre el proceso de Reforma que se viene gestando desde el año 2012. En apretada síntesis, hemos hecho vigorosas denuncias en cuanto a las fallas detectadas en el proceso de implementación; hemos exigido participación efectiva e independiente en la elaboración de procedimientos y políticas; hemos llevado propuestas específicas para adelantar el propósito de la Reforma dirigido a establecer un cuerpo policiaco cuyas actividades se rijan por principios constitucionales y de Derechos Humanos; hemos vigorosamente impulsado la necesidad de que, como parte integral de la Reforma, se adopte la visión de la Policía Comunitaria y de que se establezca un mecanismo independiente de rendición de cuentas; y finalmente hemos aplaudido con entusiasmo los que entendemos han sido logros importantes en esta monumental gestión. Estos esfuerzos son realizados por  personas y organizaciones de probado prestigio, que prestan de su tiempo, pericia y conocimiento gratuitamente, con enormes limitaciones de recursos y tiempo, sin ninguna otra motivación que el amor por su país, y la firme convicción de que la Policía debe servirle a todo el pueblo de Puerto Rico.

Sin embargo, ante las circunstancias de auténtica represión que estamos viviendo, nuestro enfoque hoy ciertamente sobrepasa la discusión técnica o filosófica sobre la visión que debe prevalecer en la elaboración o implementación de la Reforma. A la luz de los últimos acontecimientos, la Reforma se encuentra hoy ante una prueba de fuego, al considerar que en este preciso instante se han estado dando las mismas condiciones que causaron años atrás la indignación dentro y fuera del país sobre el uso de la fuerza policial para reprimir la expresión protegida, y que en última instancia provocaron la necesidad de la reforma a la policía.

Tal cual la víspera de su imposición, la Reforma de la Policía se enfrenta a una clase política obsesionada con criminalizar la protesta pacífica de las personas que se manifiestan en reacción a las políticas abusivas del Gobierno y el cierre al acceso a los foros de participación y discusión como lo es la legislatura de Puerto Rico. Además, tal como antes y siempre, altos oficiales del gobierno recurren a la activación de la fuerza policíaca con el solo propósito de reprimir o disuadir la expresión protegida. Igualmente, vuelven a surgir personajes a ocupar puestos de poder que antes se oponían a la Reforma de la Policía.

Ante este cuadro, le es inescapable al Tribunal, el TCA y al Departamento de Justicia federal evaluar de cerca y con atención el comportamiento de los oficiales que son activados con el propósito de acallar las voces que protestan. De lo contrario, las vistas comunitarias ante el Tribunal no serían más que esfuerzos simbólicos inútiles, y  la implantación de la Reforma un proyecto estéril e insuficiente. La atención estricta de este tribunal ante el comportamiento de la Policía durante los últimos eventos es lo único que podría salvar la legitimidad del proceso.

Por lo que hemos visto, el panorama no es alentador, y hay mucho por hacer. El pasado 18 de abril del 2017, miembros de GRUCORPO fuimos testigos del despliegue de fuerza violento e injustificado en contra de manifestantes que exigían su derecho a participar en la discusión legislativa tras el cierre al acceso del Capitolio, siendo este cierre en sí mismo una flagrante violación de derechos civiles y humanos. Volvimos a vivir la misma escena del año 2010, cuando en circunstancias similares la Unidad de Operaciones Tácticas arremetió indiscriminadamente en contra de manifestantes. A pesar de que en esta ocasión ya hay protocolos y procedimientos para el manejo de multitudes y garantizar el libre ejercicio de libre expresión de los manifestantes, los mismos fueron violentados al hacer uso excesivo e indiscriminado de la fuerza con batón, agentes químicos y agresiones físicas a varios estudiantes. Entre estos, por ejemplo, la estudiante de maestría Frania Gabriela Climaco, quien tuvo que recibir asistencia médica en la sala de emergencias cuando el agente Carlos Casado del precinto 166 la agredió utilizando una pancarta grande enrollada.  Así mismo, el estudiante de Derecho Luis Gabriel Nieves Quiñones, recibió golpes en la espalda además del gas pimienta que afectó a decenas de personas ese día.

La marcha del 1ro de mayo constituyó la gran prueba. Miles de personas, de todos los sectores, participaron en una exitosa marcha pacífica y ordenada para denunciar la abusiva política pública adoptada por este gobierno a partir de la llamada deuda pública. Al final del evento, aunque se dieron incidentes que pudieron justificar intervención policíaca, las fuerzas especializadas arremetieron en contra de los manifestantes pacíficos aún cuando era obvio que los incidentes estaban ocurriendo en otro lugar. No se siguieron procedimientos elementales ya incorporados en el proceso de reforma tales como:

1. Hacer advertencias antes de emplear gases lacrimógenos.
2. Proveer rutas de escapes alternas antes de cualquier despliegue de fuerza.
3. Tener disponible y accesible asistencia médica en caso de uso de fuerza.
4. El despliegue de fuerza y de armas menos letales en contra de manifestantes pacíficos, entre ellos personas de edad avanzada, niños y mujeres embarazadas.
5. Llevar a cabo arrestos legales por motivos fundados. A la mayoría de los arrestados el 1 de mayo no se les halló causa para juicio y un puñado de oficiales tuvo que admitir que no sabían por qué habían arrestado a muchos de los manifestantes.
6. No estar debidamente identiof8icados al momento de ser activados.

Por otra parte, fue evidente la contrariedad de la comunicación entre el alto mando de la Policía. Por un lado, el señor Héctor Pesquera, sin haber sido confirmado en su puesto y sin ser el jefe de la Policía, hablaba con autoridad y daba instrucciones a la Policía a través de los medios de comunicación. Y por el otro, se escuchaba decir a la Superintendenta Michelle Hernández que no se habían utilizado gases lacrimógenos en el instante en que observadores de la ACLU, incluyendo a su Director, sufrían los efectos altamente nocivos de estas armas.

Asimismo, la manera en que se están realizando arrestos por actos relacionados a la expresión como es el escribir grafitti, son altamente preocupantes y, ciertamente, tienen motivaciones ideológicas. Vimos cómo el agente Iván Bahr, conocido por un historial de violaciones de derechos civiles, literalmente “secuestró” a los estudiantes Adriana Quiles y a Josué Román el domingo 23 de abril en el Capitolio. Bahr y sus acompañantes no estaban identificados como policías, no tenían órdenes de arresto a pesar de referirse a supuestas faltas en una manifestación previa, montó a los arrestados en carros civiles y los desapareció durante varias horas sin dar a conocer su destino e impidiéndose posteriormente el acceso de los arrestados a abogados.

Vimos cómo la Superintendenta de la Policía validó la presencia de encubiertos o policías vestidos de civil en las manifestaciones protegidas, sin ninguna justificación y con el efecto de disuadir la participación. Nuevamente, el hecho de que la Policía esté recopilando inteligencia en manifestaciones donde las personas ejercen el derecho fundamental a la libertad de expresión es reprochable aparte de inconstitucional. El Estado recoge inteligencia, especialmente por la vía de infiltrados, cuando se están  cometiendo delitos graves como narcotráfico, planificación de asesinatos, negocios criminales, etcétera. No existe razón alguna para que la Policía infiltre manifestaciones protegidas por nuestra Constitución y recoja inteligencia de personas que no están cometiendo delito sino, por el contrario, ejerciendo uno de los derechos fundamentales de nuestra ley máxima, que es el derecho a la protesta. Recoger inteligencia de personas que se manifiestan es carpeteo, la práctica es ilegal en nuestro país y la denunciamos y denunciaremos enérgicamente en todos los foros.

Lo anterior expone el enorme reto del Tribunal en validar el proceso de la Reforma. Para legitimar el proceso ante el País, a todas las partes encargadas de implementar la Reforma, y muy especialmente a este Tribunal, les es inescapable adoptar todas las medidas necesarias para corregir las deficiencias. A la luz de lo anterior, solicitamos que este Tribunal sea estricto, riguroso y exija los más altos estándares de rendición de cuentas sobre la forma en que actúa la Policía en un momento extremo, neurálgico, de nuestra historia como pueblo.

Le sugerimos al tribunal que, en adición al cumplimiento del Acuerdo, tome en consideración y evalúe si lo siguiente va acorde con la Reforma:

1. La obvia actitud de los funcionarios, incluyendo líderes legislativos, el Gobernador, y la Secretaria de Justicia, de criminalizar expresiones protegidas, y de activar las fuerzas especializadas con el propósito de acallar y disuadir la libre expresión.
2. La presencia de policías encubiertos, infiltrados y oficiales en ropa civil en manifestaciones, así como las redadas de arrestos aleatorios que se hacen luego de los eventos.
3. Si la cadena de mando y los canales de comunicación dentro de la Policía operan a tenor con las disposiciones del acuerdo de Reforma.
4. El compromiso del Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, en adelantar el acuerdo de Reforma y cómo su nombramiento va a impactar en donde cede la autoridad de implementar .
5. Seguimiento estricto de los protocolos relacionados con manejo de multitudes, registros y arrestos, y uso de armas menos letales.

Finalmente, GRUCORPO solicita que se hagan públicos los informes de uso de fuerza que haya preparado la Policía de Puerto Rico, en torno a los eventos de despliegue de fuerzas especializadas y uso de fuerza durante los eventos arriba mencionados.

Agradecidos,

Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía.