El martes 18 de abril teníamos pautada una reunión con varios funcionarios a cargo de la implementación de la Reforma de la Policía, incluyendo al TCA Arnaldo Claudio, personal del Departamento de Justicia federal (DOJ) y la Oficina de la Reforma de la Policía. Ante los acontecimientos desarrollándose en el Capitolio, a última hora decidimos convocar la reunión al lado Norte del Capitolio, en el escenario de una protesta ciudadana para exigir que la deuda pública sea auditada.

Fuimos varios miembros de GRUCORPO, Nora Vargas, Modesta Irizarry, Myra Rivera, Mari Mari Narváez y Josué González. Además, convocados por nosotros, fueron el Lic. Luis Saucedo del DOJ y el TCA Arnaldo Claudio. La Oficina de Reforma de la Policía de Puerto Rico no acudió a la reunión. A la luz de nuestras preocupaciones en torno a la manera en que la Policía maneja manifestaciones, nos pareció una buena oportunidad para que estos funcionarios presenciaran desde el mismo escenario de protestas lo que siempre hemos denunciado: que aún continúan las conductas y actitudes que provocaron la Reforma.

Efectivamente, no se hizo esperar el despliegue abusivo de la Policía e incluso de la Unidad de Operaciones Tácticas (UOT), con el único propósito de intimidar y disuadir una manifestación legítima y protegida por la Constitución, que en ese momento se estaba dando de forma pacífica. No se hizo esperar el uso ilegal del gas pimienta y los golpes, cuando en ningún momento los manifestantes representaban algún peligro o se comportaban de forma amenazante para la seguridad pública o de nadie. Además, la Policía abiertamente estaba siendo utilizada por los políticos como instrumento de represión y violencia. El martes, tal como ha ocurrido en años anteriores, la Policía fue activada para impedir la presencia y participación de las personas al proceso legislativo por el mero hecho de oponerse a la pieza legislativa bajo discusión.

Sobre este punto debemos puntualizar con mayor insistencia. No hay duda de que las personas tienen derecho fundamental a presenciar y participar de los procesos legislativos y de las decisiones que se toman en los cuerpos legislativos. Cuando los funcionarios de la Rama Legislativa convocan a la Policía para obstaculizar el acceso al Capitolio simplemente porque no están de acuerdo con el mensaje de los manifestantes, eso es una violación a la Libertad de Expresión. En esas circunstancias, los oficiales de la Policía se convierten en violadores de la Constitución por servir de alcahuetes y seguir instrucciones de políticos con una visión distorsionada, anti-democrática y acomodaticia de lo que es la Libertad de Expresión. Aún si son convocados en esta circunstancias, los oficiales directamente envueltos,  incluyendo supervisores, podrían responder en su carácter personal, civil y criminalmente. (Véase e.g. Betty –Peña v Figueroa Sancha, 866 F.Supp 2d 81).

Además, estas actuaciones inconstitucionales de los Policías ponen en entredicho la efectividad de la Reforma. Es precisamente por eso que, en ocasiones anteriores, GRUCORPO ha señalado que, para el éxito de la Reforma, se requiere el apoyo de todas las instrumentalidades, agencias  y ramas del Estado, en este caso, la Legislatura de Puerto Rico. Si la Legislatura de Puerto Rico, en su afán de acallar las voces disidentes o que se oponen a medidas abusivas, activa a la Policía, esta actitud compromete enormemente el cumplimiento de la Reforma de la Policía.

GRUCORPO seguirá monitoreando las acciones de la Policía y promoviendo una perspectiva de derechos humanos en la Policía de Puerto Rico, así como participación comunitaria, rendición de cuentas y transparencia en la reforma de la Policía.

El Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía somos individuos y organizaciones comunitarias que aprovechamos la coyuntura de la reforma de la Policía para exigir participación y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas debemos aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria en lugar de abusiva, represiva e ineficiente.