A Loíza no llegan por aire, mar y tierra

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Por Mari Mari Narváez

Ayer mismo, de tarde, sobrevivíamos otro diluvio universal, tapones, inundaciones, malas noticias en la radio, todo por llegar a tiempo a Loíza para ofrecer otro taller sobre nuestros derechos ante la Policía.

Mi compañero de Amnistía Internacional, Rubén, y yo ya sabíamos una de las principales quejas que escucharíamos esa tarde allí. Es algo que no deja de sorprendernos: las constantes denuncias de la gente en Loíza no son solo por las acciones de la Policía sino por todo lo contrario: por su inacción, por un historial tremendo, generalizado, de negligencia, por no hacer su trabajo.

Loíza ha vivido la represión policiaca durante décadas. Los eventos de brutalidad registrados allí provocaron, entre muchos otros, la reforma actual de la Policía.

Pero si algo ofende y afecta a los loiceños y loiceñas actualmente es la conducta de inercia y abandono cotidiano de la Policía. Es bien común escucharles decir que la Policía no interviene en Loíza para evitar la criminalidad. Si saben que habrá un conflicto o tiroteo, “huyen”. Cuando ocurre un asesinato, “llegan horas después, cuando llegan”. Si ha resonado mucho en la prensa, envían un escuadrón de agentes al pueblo, los ubican en las carreteras principales durante dos semanas y luego los remueven. Y, por lo general, “se la pasan en la patrulla comiendo y viendo el celular”. Eso lo repiten mujeres, hombres, ancianos, líderes comunitarios, maestros y jóvenes en todas las comunidades que hemos visitado. Todavía nos impresiona como el primer día el dolor y el resentimiento que tanta gente siente por esta situación.

Por eso no podíamos dejar de pensar en esto camino a Loíza. Porque sabíamos lo que venía, precisamente el mismo día en que la Policía había desplegado a cientos de agentes y sus mejores recursos para ir a reprimir otra protesta, esta vez contra el depósito de cenizas en Peñuelas, donde casi todos los manifestantes son mayores de 55 años y, por supuesto, ninguno está armado ni supone un peligro para nadie.

El viernes pasado fueron más de 500 efectivos movilizados a Fajardo y Hato Rey para suprimir otras manifestaciones (minúsculas, por cierto) contra la junta de control fiscal. En las comunidades marginadas y con alta incidencia criminal brillarán por su ausencia pero, cuando se trata de protestas, ahí la Policía siempre llega a tiempo, equipada y con recursos suficientes para reprimir o, cuando menos, desincentivar el ejercicio de nuestro derecho de expresión.

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La movilización de cientos de agentes para velar la entrada del Hotel El Conquistador, donde se reuniría la Junta de Control fiscal, supuso además el uso de lanchas y helicópteros. Todos esos recursos (personal de divisiones distintas incluyendo sus supervisores, equipo, gasolina, horas extra) dispuestos para proteger a siete miembros de una junta cuyos gastos tenemos que pagar nosotros también (incluyendo su paso por El Conquistador).

Cuando se va a analizar las acciones de un gobierno, se tienen que estudiar con atención sus ejercicios de prioridad. Las prioridades de la Policía son claras y no están en Loíza ni en las miles de comunidades marginadas del País. Están con el sueño tranquilo y el sentido de seguridad de las clases dirigentes.

A Fajardo llegan por aire, mar y tierra. A Loíza, le pasan la factura.

 

 

 

 

 

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