“Se inicia una etapa que será larga y ardua y en la que habrá más protestas. Es imperativo que la Policía pueda llevar a cabo su trabajo sin reprimir derechos”.

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Tercera ponencia del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía ante el Tribunal Federal en Puerto Rico

Mayagüez: Anteriormente hemos expresado nuestra visión de lo que consideramos exitoso en una reforma de la Policía. Expusimos que en el proceso de Reforma se debe tomar en consideración la información y conocimiento de los distintos sectores del País; insistimos en la necesidad de establecer un mecanismo civil independiente del desempeño de la Policía; hemos informado acerca de nuestros esfuerzos para aportar conocimiento en la elaboración de políticas y currículos; y, para beneficio del tribunal y el proceso, hemos manifestado preocupación sobre aspectos importantes de derechos civiles y humanos que deben inspirar el proceso y estaban siendo ignorados. Ante este tribunal, y ante el público, hemos aplaudido con entusiasmo los logros y adelantos en el proceso. Pero hemos criticado enérgicamente lo que consideramos erróneo. En la ocasión anterior, denunciamos que, lamentablemente, el Superintendente de la Policía había cerrado los canales de comunicación con las comunidades y organizaciones que pertenecemos a GRUCORPO, privando al proceso de reforma de valiosa información y participación cívica. Además, le presentamos al tribunal ejemplos específicos de cómo otras Policías en Estados Unidos y otros países promueven el intercambio abierto de información y la participación ciudadana sobre políticas en desarrollo. Desde Minneapolis hasta África del Sur, son varios los ejemplos que ilustran lo útil que son la apertura y la transparencia para validar el proceso ante las comunidades.

El tiempo nos ha dado la razón. El último informe del Asesor Técnico de Cumplimiento valida y reinvindica nuestras preocupaciones y recomendaciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha apoyado la necesidad de mayor participación independiente en el proceso. Aun más, en las últimas reformas auspiciadas por el DOJ, se adopta la implementación de mecanismos de monitoreo civil independiente cuya labor no conflige con la del asesor técnico o monitor.

Todo esto a la luz de que, a tres años de la firma de la Reforma, incidentes de mala práctica y abuso policíaco siguen ocurriendo. Hace apenas un año, una mujer embarazada en Barriada Morales fue víctima de agresión por ejercer su derecho de grabar con su celular una detención abusiva e ilegal de miembros de la División de Drogas de Caguas que actualmente enfrentan cargos criminales. Luego, en plenas navidades, un agente arremete mortalmente contra su supervisor y compañeros en Ponce. Bajo la propia custodia de la Policía, es evidentemente golpeado en varias partes del cuerpo (aparte de haber recibido dos tiros). Un joven paciente mental muere tras recibir varias descargas de taser de oficiales de la Policía que intervinieron con él en violación a la nueva política de uso del dispositivo electrónico en relación a pacientes de salud mental (de hecho, no se ha informado absolutamente nada al respecto y se desconoce si los agentes recibieron acciones disciplinarias por sus faltas).

En abril de este año, el país fue testigo de la abusiva intervención de un policía contra una persona sin hogar y en silla de ruedas en un centro comercial. Hace poco más de una semana fuimos testigos de cómo un agente, adiestrado dentro de la Reforma, amenazó a un ciudadano con “pegarle un tiro”  en medio de una intervención por una mera infracción de tránsito.

Por otra parte, nos preocupa extraordinariamente que, a pesar de este proceso de Reforma, continúe el despliegue excesivo y preventivo de fuerzas especializadas para suprimir la expresión de manifestantes. En Peñuelas particularmente, la Policía cumplió erráticamente con la orden del tribunal, realizó arrestos selectivos y admitió haber planificado el operativo contra los manifestantes en una reunión junto a oficiales del vertedero y la carbonera. Es decir, que se preocupó por defender los intereses de empresas privadas por encima del bienestar público.

En junio, la Policia fue movilizada frente al Capitolio para negar la entrada a maestros, maestras y ciudadanía en general a la Casa de las leyes, en abierta violación a derechos fundamentales y constitucionales de nuestra gente. Y tan recientemente como hace dos días, la Unidad de Operaciones Tácticas arremetió contra manifestantes en el Condado haciendo nuevamente uso excesivo de la fuerza con macanazos y roceándolos con gas pimienta. Fue sumamente frustrante volver a vivir esas escenas. Si esto lo hacen un día antes de las vistas de reforma de la Policía y habiendo asistido el TCA al área de protesta tan solo unas horas antes, ¿qué no harán el resto del tiempo?

Se inicia una etapa que sabemos será larga y ardua y en la que habrá muchas más protestas y manifestaciones. Es imperativo que la Policía pueda llevar a cabo su trabajo en estas manifestaciones sin reprimir derechos.

Sostenemos que se debe erradicar la activación “preventiva” de las unidades tácticas para atender actividades protegidas por nuestra Constitución. La mera presencia excesiva de uniformados y/o unidades tácticas o antimotines constituye uso de fuerza y es un disuasivo al ejercicio de libre expresión, participación política y asociación.

Lo anterior son solo ejemplos de incidentes que siguen ocurriendo, y demuestran principalmente tres cosas:

  1. No son incidentes aislados. Siguen estrechamente vinculados a un problema estructural y sistémico. Seguir minimizando los incidentes que ocurren luego de la Reforma como eventos aislados[1], o provocados por “manzanas podridas”, pone al relieve la ausencia de entendimiento del proceso. Esa negación hace quedar mal y pone en entredicho los esfuerzos de este Tribunal y de los demás funcionarios y funcionarias ante el País. Además, evidencia la ausencia de una verdadera voluntad para corregir el problema fundamental que, al fin y al cabo, detonó la necesidad de una Reforma: las deficiencias sistémicas y de supervisión del Departamento de la Policía. La Reforma requiere un cambio de paradigma para que la Policía de Puerto Rico, que es un cuerpo civil, se transforme al modelo de Policía comunitaria establecido por la Reforma.
  1. El acuerdo de la Reforma no es suficiente para lograr los cambios deseados. El esfuerzo de este Tribunal y la monumental tarea de la Oficina de la Reforma, necesita del apoyo de otros sectores y organismos gubernamentales que no responden a este Tribunal a través de este proceso. Por ejemplo, el Acuerdo para una Reforma Sustentable de la Policía de Puerto Rico exige a la Policía que elabore unos protocolos para recibir recomendaciones e información de abogados de defensa, fiscales y jueces relacionadas con la calidad de las investigaciones, arrestos, testimonios ofrecidos en Corte, entre otros, de manera que puedan ejecutar cambios en las políticas operacionales de la Agencia para garantizar un mejor desempeño de la Uniformada en los procesos penales. [2]

Como miembro de GRUCORPO, la Sociedad para Asistencia Legal se dio a la tarea de recopilar información en sus oficinas en las distintitas regiones judiciales para así conocer las impresiones, conductas y prácticas comunes en la etapa investigativa y en el procesamiento de los casos que la entidad atiende. Pudo encontrar planteamientos comunes entre sus abogados(as) e investigadores(as) sobre la labor y manejo de la Uniformada de las investigaciones y testimonios ofrecidos por los miembros de la Policía en los Tribunales.

Algunos de los hallazgos fueron los siguientes:

  • Informes de arresto no están a tiempo para el primer señalamiento de Vista Preliminar.
  • Pobre acceso a la información (ej. bitácoras de entrada y salida de agentes, uso de equipo en gestiones oficiales, libro de querellas, registro de ingreso a celdas, entre otros). Los agentes alertan que tienen que tener autorización de la Fiscalía para mostrarlos. Esto provoca que los abogados de defensa tengan que solicitar constantemente el auxilio del Tribunal para que se haga entrega de los documentos públicos.
  • En relación a la PPR-880, el proceso establecido en las políticas de la Policía de P.R. permite la continua revisión y modificación del contenido de ese formulario, situación que provoca alteración de la información que plasmó originalmente el agente interventor.
  • Pobre acceso del Agente Investigador con el (la) abogado(a) de defensa para ofrecer información sobre la investigación. Agentes en varias regiones manifiestan que fiscalía le ha instruido a no comunicarse con el abogado(a) de defensa. Esto va en contra del rol imparcial que debería mostrar un agente de la Uniformada toda vez que se convierte el policía en un ente parcializado a la fiscalía que impide el acceso a la información a la defensa sobre la investigación realizada. En ocasiones, esa información podría catalogarse como prueba exculpatoria para la persona imputada de delito. Ello tiene como consecuencia que el acceso a información pública tenga que obtenerse a través del descubrimiento de prueba (R. 95) ya en etapa de juicio.
  • Necesidad de capacitación a agentes de la División de Drogas pues estos se identifican como los que ofrecen testimonios más pobres y carentes de veracidad. Ahora bien, debemos reconocer que en ocasiones el estándar de la calidad del testimonio de un agente lo delimitan la discreción y el poder judicial. Por ello, mientras menos se le exija a los agentes en sus testimonios validando aquellos que son claramente deficientes, menos diligencia y calidad se les está exigiendo en el cumplimento de su deber. Hacemos un llamado a las distintas agencias o ramas del gobierno cuyas acciones son altamente vinculantes en el desempeño de un oficial del orden público y en la exigencia de que cumplan sus deberes con la mayor diligencia y calidad posible. No podemos olvidar la importancia de la información que puede hacer accesible un Oficial, así como su testimonio en Corte pues es la primera figura que interviene con la ciudadanía y es el encargado principal de que la verdad se descubra en pro de la justicia.
  • Al momento de diligenciar órdenes de registro o allanamientos, se amenaza con arrestar a la familia de la persona intervenida para así forzar a que la persona haga una admisión de los hechos. En un sinnúmero de ocasiones, retratan la persona intervenida con la orden de allanamiento pero no le dejan copia de la misma.
  • Intervenciones con personas pacientes de salud mental o de la comunidad sorda por personal no adiestrado o capacitado para ello.
  • Clientes evitan presentar querellas administrativas en contra de los miembros de la PPR pues, en ocasiones, en represalia por tomar tal acción, les han radicado casos por los delitos de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública (Art. 245 Código Penal 2012) o por resistencia u obstrucción a la autoridad pública (Art. 246 Código Penal 2012); aunque posteriormente culminen archivando los cargos radicados condicionado a que se archive la querella administrativa sometida.
  • Ausencia de entidad independiente a la PPR para fiscalizar la labor de la Policía.

Nos preocupa grandemente la percepción general de la Uniformada de que los resultados de su investigación y el acceso a la información pública solo pueden ser otorgados con la autorización del Departamento de Justicia. Como norma general, ello demuestra la parcialidad de la investigación hacia el Ministerio Público dificultando así la labor del abogado(a) defensor en las etapas preliminares del proceso penal.

De igual forma, tenemos que reconocer que no podemos adjudicar las observaciones antes mencionadas a todas las regiones o divisiones de la PPR ya que también hemos contado con la diligencia y la apertura de otros miembros de la Uniformada quienes entienden el deber y la importancia de la divulgación de información para garantizar una investigación justa e imparcial.  Sin embargo, es necesario que la norma general sea precisamente la imparcialidad de los miembros de la Uniformada dentro de la investigación penal y no lo contrario.

Así las cosas, los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia, especialmente los asignados a la salas de investigación, deben ser cautelosos y cautelosas al evaluar la alegada prueba presentada y evitar ser un sello de goma en sus determinaciones de causa. En función de la Reforma, la Administración de Tribunales debe adoptar políticas administrativas que se ajusten a adelantar el interés público que se persigue.

En este proceso de Reforma, el Departamento de Justicia de Puerto Rico debe recordar que no es el bufete privado de la Policía. Debe quedar claro que el Secretario de Justicia representa al pueblo de Puerto Rico, que está llamado a proteger la Carta de Derechos inclusive contra la conducta de funcionarios y funcionarias del Gobierno, y que, al voluntariamente firmar el acuerdo de Reforma para evitar un litigio, hizo el compromiso de adelantar el interés público que lo informa. Pretender cumplir el Acuerdo a base de una interpretación estrictamente literal, y la invocación de defensas y privilegios legales propios de litigios privados en etapas adversativas obstaculizan los objetivos de este esfuerzo. Con el Acuerdo se pretende adoptar profundos y gigantescos cambios estructurales que necesariamente requieren enorme flexibilidad y creatividad de todas las partes, incluyendo el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

Es importante también señalar la función de los jueces y juezas del Tribunal Federal en garantizar la rendición de cuentas en reclamaciones de derechos civiles. Los jueces y juezas deben interpretar con rigurosidad y a favor de la rendición de cuentas la aplicación de las defensas de inmunidad (qualified immunity) o los reclamos de responsabilidad del supervisor (supervisory liability). Ante la invocación de una defensa de inmunidad, los jueces y juezas no deben evaluarlo a base de un mero ejercicio técnico sobre la aplicación del estándar legal, sin abstraerse del contexto en que opera la Reforma.

Finalmente, exhortamos al DOJ, a la Oficina del TCA y a este Tribunal a ser más rigurosos en sus evaluaciones y exigir rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la Reforma. Este Honorable Tribunal debe ser estricto con las partes y emplear sus prerrogativas para exigir los resultados esperados.

 

  1. Tal como hemos insistido desde el principio, el éxito de la Reforma requiere participación de las comunidades a través de mecanismos abiertos y transparentes de intercambio de información, y la adopción de mecanismos civiles independientes de rendición de cuentas. El insumo de las comunidades en la elaboración de políticas enriquece y valida el proceso ante el público y ayuda a la Policía a entablar una nueva relación, en el mejor de los casos de confianza, con la ciudadanía. Son innumerables las ocasiones en que diversos grupos, comunidades, organizaciones e individuos nos expresan su completa falta de confianza en la radicación de querellas contra la Policía en el propio Departamento de la Policía. A ninguna víctima se le ocurre querellarse en la casa de su victimario y lo mismo les ocurre a personas de comunidades marginadas, donde la violencia y la negligencia policiaca están normalizadas y es común esperar que, tras una denuncia sobre la mala conducta de un policía, este o sus compañeros tomen represalias contra estas personas o comunidades. En GRUCORPO tenemos varias organizaciones aliadas que lo viven a diario. Trabajadores de alcance comunitario de un intercambio de jeringuillas han radicado querellas que no se han resuelto y que se presentaron a pesar del hostigamiento del personal de la Policía hacia los querellantes, incluso poniéndolos en peligro al preguntar por ellos en los puntos, averiguando dónde está y cómo conseguirlo, dando la apariencia de que de alguna forma pudiese estar colaborando con la Policía. La Policía ha intervenido durante horas laborales con trabajadores comunitarios identificados con camisetas y tarjetas, y han registrado sus vehículos sin consentimiento. Incluso detuvieron en la estacion de Policía a uno de los trabajadores comunitarios hasta que otro miembro de la organización fue a interceder por él.

 

Los mecanismos independientes de rendición de cuentas servirían, no solo para proveer espacios neutrales de querellamiento a la ciudadanía sino para detectar y corregir fallas estructurales a partir de eventos específicos.

Reconocemos como un paso importante el acercamiento que hace varias semanas nos hizo la Oficina de la Reforma, a través de la Tenienta Coronela Alba Díaz, apoyado por la oficina del TCA y el DOJ, a los fines de reestablecer los lazos de comunicación con los grupos comunitarios de GRUCORPO. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y estamos dispuestos y dispuestas a aprovechar esta iniciativa. Sin embargo, insistimos en que nuestra función, más que de colaboración, es de participación; que cualquier apertura que se logre debe incluir la posibilidad de que cualquier otra persona en Puerto Rico pueda también hacerlo y no solo las organizaciones que componen GRUCORPO; e insistimos en la naturaleza independiente de nuestra participación.

Finalmente, queremos traer a la atención del Tribunal una preocupación de la creciente comunidad de inmigrantes asiáticos, quienes plantean la necesidad de que se adiestre a los oficiales para adquirir destrezas de sensibilidad cultural a los efectos de que se trate con respeto, profesionalismo y diligencia los asuntos que afectan a esta comunidad, que es partricularmente vulnerable a la violencia, robos domiciliarios y escalamientos. Además, endosamos la idea de procurar traductores(as) e interpretes que faciliten la comunicación entre la Policía y los miembros de esta comunidad, que es una minoría muy invisibilizada y se estima alcanza 1% de nuestra población.

Como siempre, reiteramos nuestra disposición en aportar a que este esfuerzo de Reforma sea uno fructífero para el desarrollo de un país inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y con un sistema eficiente de ejecución de las leyes. Muchas gracias.

 

 

[1] http://www.noticel.com/noticia/192058/fbi-arresta-policias-de-la-division-de-drogas-de-caguas.html

[2] Acuerdo para una Reforma Sustentable de la Policía de P.R., Capítulo V., Requerimientos 58-79.

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