Ponencia del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO) sobre el Proyecto de la Cámara 2944 Ley de transparencia y acceso a la información.

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A nombre del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía (GRUCORPO), agradecemos su atención en esta importante discusión.

GRUCORPO es un grupo de personas y organizaciones de la sociedad civil que aprovechamos la coyuntura de la reforma de la Policía de Puerto Rico para exigir participación ciudadana y promover una perspectiva de derechos humanos en la Uniformada. La Policía es el primer brazo del Estado ante la gente. Por eso, todos y todas debemos aportar a una transformación de la Policía hacia una profesional, comunitaria y solidaria.

Son muchas nuestras preocupaciones en torno a la reforma de la Policía, aunque también es grande el deseo de participar y aportar a la posibilidad de construir otra policía para nuestro país. Sostenemos que para alcanzar verdadera transparencia en la Policía, o en cualquier otra gestión pública, y lograr la reforma deseada es necesario que se establezcan mecanismos de rendición de cuentas; estrategias de acceso a la justicia para todas las personas, en especial los sectores vulnerables; y una legislación que establezca una robusta política pública en favor al acceso a la información pública. Apoyamos el P de la C 2944 para una Ley de transparencia y acceso a la información porque representa un paso importantísimo y necesario para alcanzar un gobierno transparente.

Uno de los grandes retos del proceso de reforma de la Policía ha sido, precisamente, la falta de transparencia y apertura que permea en la Uniformada. Lamentablemente, hasta el momento, la Reforma no ha logrado que ese cuerpo, que se supone sea uno civil, supere la noción autoritaria y militarizada de que no tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía ni darle acceso a la información de esa agencia. Esto a pesar de que en el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico se incorpora un principio robusto de transparencia y participación comunitaria. Sin transparencia y pleno acceso a información y datos, es imposible medir el progreso de la Reforma. Además, la Policía pierde credibilidad y confianza en el esfuerzo de reformarse.

Con frecuencia, la Policía se ha negado a brindar información completa a algunas organizaciones de nuestro grupo sobre asuntos tales como: las querellas ciudadanas contra los agentes de la Policía, las acciones disciplinarias tomadas en su contra, las estadísticas de uso de fuerza que esa agencia comenzó a documentar en el año 2014, entre otra información de vital relevancia para organizaciones, comunidades e individuos.

Los pocos datos que la Policía hace disponibles a la ciudadanía son demasiado limitados, vagos y confusos. Para el año 2010, por ejemplo, unas estadísticas de la Policía indican que hubo 2,323 querellas y otras, también de la Policía, asegura que fueron 2,041. De esas 2,323 querellas, se indica que 810 fueron archivadas, 127 referidas a orientación y 298 tuvieron un destino indefinido, clasificado como “Otros”. Se desconoce de qué años específicos son las querellas que se adjudican como resueltas pues tampoco lo informan.

Los poquísimos datos que ofrece la Policía aún están muy lejos de poder ofrecernos certidumbre, mucho menos la posibilidad de analizar el verdadero progreso de la Reforma de la Policía que tanto nos afecta a las comunidades.

Sin embargo, existe mucha más información valiosa para que la gente y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Policía, sus prácticas profesionales y la efectividad en el manejo de casos, que ayuden a combatir la criminalidad con protocolos legales, que no pongan en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos criminales o de la gente que le falla al País.

Por ejemplo:

  • ¿Cuántas veces en un año o en un mes, los y las agentes de la policía utilizan su arma de reglamento?
  • ¿Cuántos agentes hicieron uso excesivo de la fuerza y contra quiénes?
  • ¿A cuántas personas ocasionaron daños graves?
  • ¿Cuántas murieron a manos de la Policía?
  • ¿Con qué técnicas y armas? ¿Armas de fuego, dispositivos electrónicos incapacitantes, agarres de cuello?
  • ¿De qué comunidades eran esas víctimas? ¿Cuál era su trasfondo socioeconómico, su identidad de género, su nacionalidad?
  • ¿Qué agentes abusan más de su poder?
  • ¿Qué casos criminales no están prosperando en el proceso judicial debido a prácticas policiacas impropias? ¿Cuántos por negligencia investigativa de la Policía y/o por inercia misma, por lo que no hacen pero debían hacer?

Son muchas las preguntas y muy pocas las contestaciones. Es por eso que no hemos vacilado en apoyar el proyecto 2944 de la Cámara de Representantes para una Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Mientras no tengamos acceso a la información sobre la Policía, el pueblo de Puerto Rico seguirá en una posición vulnerable ante la Uniformada y será aún más cuesta arriba exigir la rendición de cuentas de parte de ese cuerpo vital en la administración de la justicia.

Por otro lado, parte de lo que GRUCORPO ha tratado de aportar al proceso de Reforma es, precisamente, una serie de recomendaciones comunitarias para las políticas que actualmente están en desarrollo: órdenes generales mediante las cuales se establecen las reglas y parámetros que seguirán los oficiales para desempeñar su trabajo. Son políticas públicas y nos afectan a todas las personas que vivimos en este País y, por lo tanto, debemos tener la posibilidad de participar en su creación. Algunos temas son: manejo de casos de violencia doméstica, uso de fuerza, movilización de la Unidad de Operaciones Tácticas, manejo de multitudes, registros y allanamientos, intervenciones con pacientes de salud mental, entre muchas otras.

Sin embargo, hace ya más de seis meses que el Superintendente de la Policía dio órdenes de que no se compartan las políticas en desarrollo con GRUCORPO. Ha manifestado que, para hacerlo, los miembros de nuestro grupo tendrían que firmar un acuerdo con una cláusula de confidencialidad. Esto es incompatible con el principio de transparencia y robusta participación comunitaria que exige el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía, firmado entre el gobierno de PR y el Departamento de Justicia federal en 2013.

La transparencia y acceso a la información no sería únicamente para beneficio de las comunidades sino también de la Policía. Las comunidades cuentan con conocimiento e información invaluable que debe ser considerada en la elaboración de las políticas que establecen la base sobre cual la Policía llevará a cabo su labor. Aunque GRUCORPO se compone de organizaciones y personas interesadas en el tema de la reforma de la Policía, no podemos alegar representación de todas las comunidades en Puerto Rico. Es por eso que bajo ninguna circunstancia estamos de acuerdo en prometer confidencialidad a la Policía. Por el contrario, nuestro rol es compartir la información del proceso de Reforma con la mayor cantidad de personas posible e incentivar así la robusta participación comunitaria que necesita un proceso como este. Aún más, sostenemos que como en muchísimas otras jurisdicciones de Estados Unidos y en otros países, las políticas en desarrollo deben estar abiertas al público para que se genere la mejor discusión que luego la Uniformada pueda incorporar en su política final.

Sin duda, una ley que obligue a la Policía a ser transparente y ofrecer información elevaría nuestras capacidades cívicas y fortalecería nuestro poder creativo para realmente poder empezar a participar efectiva y democráticamente en los asuntos que nos corresponden y que, día a día, impactan nuestras vidas. Solo así podremos evaluar el trabajo de la Policía, fiscalizar los más de 20 millones de dólares anuales que el pueblo de PR está invirtiendo actualmente en el proceso de Reforma y, poco a poco, según los avances que podamos observar y corroborar con datos, retomar la confianza, no solo en la Uniformada sino en todas las instituciones de nuestro país.

La transversalidad de temas y tomar en cuenta las intersecciones de nuestras identidades y circunstancias son parte del marco de trabajo de GRUCORPO.

Desde la perspectiva del trabajo comunitario, las organizaciones que ofrecen servicio directo, realizan trabajo educativo y laboran en la defensa de los derechos de poblaciones vulnerables, tales como las comunidades LGBTT, víctimas de violencia de género, personas sin hogar, personas con diversidad funcional y víctimas de delito, requieren datos a los que en demasiadas ocasiones no tienen acceso.  Es información necesaria para cumplir los objetivos de educación, defensa, desarrollo y apoderamiento. La transparencia gubernamental es esencial para la democracia participativa a que aspiramos y para avanzar en reconocimiento y equidad.

Por décadas, la limitación a información no solo de la Policía de PR sino de todos los componentes del sistema de Justicia así como del Departamento de Salud, Departamento de la Familia, entre otros, ha sido un escollo en el trabajo de estos grupos.

Reiteramos nuestro compromiso con la gran aspiración de que podamos convertirnos en un país democrático, abierto, transparente, que fortalezca las capacidades cívicas de su gente en lugar de coartarlas cada vez más. En los momentos tan difíciles y atropellantes que vive Puerto Rico, esta ley se vuelve urgente para otorgar ciertas herramientas para la defensa del desarrollo de la democracia y sus instituciones.

Apoyando este proyecto de ley apoyamos el futuro por el que mucho luchamos: una Policía de Puerto Rico transparente, que ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos. Estamos en primera fila, dispuestos y deseosos de participar hasta lograr esta ambiciosa transformación. Aprovechamos la oportunidad para proponer las dos enmiendas que presentamos más adelante. Muchas gracias.

Enmiendas:

  1. En la página 28, inciso 1 de las excepciones, en la línea 13, proponemos que sea un inciso aparte la oración: “Los sumarios fiscales de los delitos que no hayan prescrito perderán la restricción de acceso a los veinte (20) años de consumados los hechos constitutivos, o de su descubrimiento, lo que sea posterior.
  2. En la página 29, inciso de las excepciones, añadir al final del inciso una oración que diga “Debe entenderse que se incluye las protecciones establecidas en la Carta de Derecho de las Víctimas y Testigos del Crimen, Ley núm 22 de 22 de abril de 1988”.

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