Alocución vista abierta Reforma de la Policía viernes 23 de octubre 2015

mariNoticiasLeave a Comment

Muy buenas tardes honorable juez Gustavo Gelpí. A nombre del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía, agradezco la oportunidad que nos brinda de dirigirnos al Tribunal. Soy Mari Mari Narváez, directora de proyectos en Espacios Abiertos, una organización que promueve el acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas. Estoy aquí como portavoz del Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía del que formamos parte.

Me uno a lo expresado por mi compañero, el licenciado Josué González. Son muchas nuestras preocupaciones en torno a la reforma de la Policía aunque también son grandes las esperanzas que tenemos puestas en este proceso, así como el deseo de participar y aportar a la posibilidad de construir otra policía para nuestro país.

La Policía de PR se encuentra en un periodo de capacitación de 4 años para poder crear las condiciones para implantar esta ambiciosa reforma. La Institución aún no tiene sistemas integrales, abarcadores y confiables de recolección de datos; las políticas nuevas y más neurálgicas en el ejercicio policiaco constitucional aún no están en vigor; el sistema interno de documentación, recolección de datos e investigación para las querellas civiles de mala conducta policiaca es uno arcaico y, según los pronósticos de todas las partes, tomará mucho tiempo lograr estos cambios que son esenciales para poder hacer de la reforma una eficaz.

Eso, junto a la falta de voluntad que exhibió la Policía durante décadas para disciplinar justa y oportunamente a sus agentes y ofrecer así remedios y mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, impide una resolución expedita de los casos de mala conducta de los agentes. (Uso el término ciudadanía en su acepción amplia desde la noción de una ciudad que incluye a todos sus habitantes, incluyendo a los y las inmigrantes, así no poseamos una ciudadanía común).

Según los informes del Departamento de Justicia federal y de ACLU en 2011 y 2012 respectivamente, las investigaciones internas de la Policía tienen un atraso de unas 5 mil querellas. Según el Departamento de Justicia federal, hay querellas cuya investigación le toma a la Policía hasta diez años. Al menos desde 2010, anualmente se registran unas 2,000 querellas administrativas por mala conducta policiaca1.

Los datos disponibles, sin embargo, son vagos, confusos y todavía carecen de credibilidad. Para el año 2010, por ejemplo, unas estadísticas de la Policía indican que hubo 2,323 querellas y otras, también de la Policía, asegura que fueron 2,041. De esas 2,323 querellas, se indica que 810 fueron archivadas, 127 referidas a orientación y 298 tuvieron un destino similar indefinido, clasificado como “Otros”. Es decir, que con más del 53% de esas querellas no sucedió nada. Esto sin entrar en que se desconoce de qué años específicos son las querellas que se van resolviendo.

Lamentablemente, solo conocemos las acciones disciplinarias encausadas en las querellas del año 2010 pues, de 2011 en adelante, la Policía aún no ha compartido la información con nosotros.

Sí sabemos que, en 2014, por ejemplo, al menos el 21% de las querellas quedó pendiente de investigación, según sus datos.

Para 2015, al menos hasta el 31 de julio, reportaron haber recibido 1,018 querellas, de las cuales decidieron que 368 no se sostenían; 54 fueron alegadamente infundadas y en 176 de ellas, los agentes fueron exonerados. Es decir, que el 59% de las querellas ciudadanas radicadas no ofreció un proceso de rendición de cuentas, mucho menos de restitución a los incidentes de la ciudadanía con la Policía. Es difícil pensar que el 59% de las querellas radicadas no tengan peso. Ir a radicar una querella contra un policía dentro del propio Departamento de la Policía es ya de por sí un acto de tremenda valentía. Es difícil creer que tantas personas vayan a someterse a ese proceso por razones frívolas.

De nuevo, lamentablemente, los datos que ofrece la Policía aún están muy lejos de poder ofrecernos certidumbre.

Sin embargo, la información debe recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible para que la gente y las comunidades podamos evaluar la conducta de la Policía, sus prácticas profesionales y efectividad en el manejo de casos. Para tener garantía de que se combatirá la criminalidad con protocolos constitucionales que no pongan en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al País. Esto no puede esperar a la culminación de la Reforma. Para que este Tribunal pueda verdaderamente evaluar si la Reforma está logrando los cambios deseados tiene que tener datos y estadísticas confiables desde este momento. El acuerdo con el Dept. de Justicia federal lo exige y estos datos deben ser públicos y estar disponibles en un periodo de tiempo razonable.

Por ejemplo, durante este año:

  1. ¿Cuántos agentes hicieron uso excesivo de la fuerza y contra quiénes?
  2. ¿A cuántas personas ocasionaron daños graves?
  3. ¿Cuántas murieron a manos de la Policía?
  4. ¿Con qué técnicas y armas? ¿Armas de fuego, teasers, agarres de cuello?
  5. ¿De qué comunidades eran esas víctimas? ¿Cuál era su trasfondo socioeconómico, su identidad de género, su nacionalidad?
  6. ¿Qué agentes abusan más de su poder?
  7. ¿Qué casos criminales no están prosperando en el proceso judicial debido a prácticas policiacas impropias?

Son muchas las preguntas y muy pocas las contestaciones. Todas las partes coinciden en que a la Policía le tomará años, se estima que más de diez, poder transformar el Departamento y sus políticas en uno constitucionalmente viable, que proteja los derechos de las comunidades. En una policía profesionalizada, comunitaria, con sistemas confiables de recolección de datos, documentación, investigación, rendición de cuentas, adiestramientos, entre otros.

Sin embargo, constantemente seguimos conociendo de casos en que miembros de la uniformada cometen violaciones de derechos civiles, especialmente en comunidades tradicionalmente marginadas. Recientemente se sumaron diez oficiales más a la ya larga lista de arrestados por el FBI por corrupción policiaca, en esta ocasión por alegados vínculos con el narcotráfico.

Mientras tanto, el pueblo de Puerto Rico sigue en una posición vulnerable ante la Policía. La ciudadanía no posee sistemas de supervisión e investigación independiente ni recursos para exigir la rendición de cuentas de parte de ese cuerpo vital en la administración de la justicia. La gente en la calle no ha experimentado diferencia alguna en la Policía desde que se comenzó a implantar la reforma. Pero se puede hacer algo AHORA, YA, INMEDIATAMENTE que contribuya a que esta reforma sea oportuna, eficaz y verdadera.

Las organizaciones que componemos el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía solicitamos respetuosamente que se inicie un proceso de creación de un cuerpo independiente de supervisión ciudadana. Una autoridad independiente que investiga la mala conducta policial con acceso a datos, poderes de citación, investigación y auditoría.

La supervisión e investigación de la conducta policiaca no puede reposar en manos de la Policía. En las democracias modernas de todo el mundo, las instituciones públicas, especialmente las problemáticas, no se velan a sí mismas. No funciona. No es transparente ni eficiente. Este sistema se usa en cientos de países del mundo con distintos modelos (por ej. Canadá, Irlanda, África del Sur, Trinidad y Tobago, Finlandia) incluyendo más de 200 ciudades en Estados Unidos.

El monitor federal para la Reforma, Sr. Arnaldo Claudio, vela por el cumplimiento de la reforma y rinde cuentas a este Tribunal pero no es su función investigar estas querellas civiles. La Policía está emprendiendo un programa comunitario con los Comités de Interacción Comunitaria y eso está muy bien. Deseamos que funcionen extraordinariamente. Pero de ninguna manera esos comités de interacción pueden representar un ente de supervisión independiente y rendición de cuentas, dado que estos son creados, convocados y regulados por la propia Policía, aparte de que su función es ayudar en la lucha contra el crimen desde sus comunidades. ¿Quién entonces garantizará que la Policía sea responsable con las comunidades del País al que sirve?

Un grupo de nosotros estuvo recientemente participando en la conferencia anual del National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement celebrada en California y conocimos de primera mano la experiencia de oficiales de la policía que dieron testimonio sobre cómo al principio todos los departamentos de policía se resisten al cambio de los cuerpos ciudadanos independientes pero, después de un tiempo, se dan cuenta de cuán constructiva es la vigilancia ciudadana para sus departamentos.

La supervisión ciudadana no solo provee mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas a la ciudadanía y ayuda a restaurar la confianza entre las comunidades y la Uniformada. Sus investigaciones objetivas e independientes también protegen a los policías profesionales que hacen su trabajo con alto sentido de responsabilidad y sensatez y que sabemos son muchos y muchas. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos topado con ese tipo de policía. Si obra correctamente, bajo la supervisión independiente, un policía tiene más posibilidades de mantener un expediente limpio sin la suspicacia colectiva que actualmente pesa sobre los casos de mala conducta policiaca.

Por otro lado, está probado que la ciudadanía suele radicar más querellas cuando cuenta con un cuerpo de supervisión independiente pues se siente menos intimidada, más cómoda e incentivada a presentar sus experiencias difíciles, muchas veces traumáticas, con la Policía.

Además, con un proceso disciplinario oportuno, justo y eficiente, la investigación autónoma y exhaustiva de la mala conducta policial previene el desarrollo delictivo de los policías. Cuando se toman medidas disciplinarias contra la mala conducta policial desde sus primeras faltas, se evita el escalamiento del sentido de impunidad y la posibilidad de continuar cometiendo faltas mayores.

La supervisión ciudadana ofrece un sentido de transparencia y participación. Esto no hace sino robustecer la democracia y el envolvimiento de las comunidades con sus instituciones. Después de todo, como nos dijo recientemente Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y quien estuvo en PR invitado por ACLU, “En la democracia, el Estado no existe para controlar a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que controlar las instituciones del Estado”.

Reiteramos nuestro compromiso con la gran aspiración colectiva de que la Policía de Puerto Rico se convierta en una institución que ofrezca un verdadero sentido de seguridad solidaria a nuestro País mediante el respeto a la diversidad y con mecanismos y procesos respetuosos de los derechos humanos. Estamos en primera fila, dispuestos y deseosos de participar hasta lograr esta ambiciosa transformación. Muchas gracias.


Foto principal: Los deponentes Josué González (ACLU) y Mari Mari Narvaez (EA).

1. En su informe de 2007, el Comité Evaluador Externo de la Policía de PR establecía que solían recibirse entre 3 y 4 mil querellas anuales, lo que representa una disminución significativa en los últimos años, al menos según los datos provistos por la Policía. Habría que estudiar las razones para esa disminución. Si se está desincentivando más la radicación de querellas ciudadanas, si no se están registrando adecuadamente, si la gente se siente más intimidada a presentarlas, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *